¿Requiere la quiebra el consentimiento de los accionistas y cómo se determina la insolvencia?

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No. El procedimiento de quiebra lo inicia el director general (vadovas) de la empresa (en una empresa en liquidación, el liquidador) o un acreedor, y no los accionistas. El Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (Ley de Insolvencia de Personas Jurídicas, JANĮ) concede al director general el derecho a iniciar el procedimiento ya cuando la insolvencia solo es probable, y le impone el deber de hacerlo cuando la empresa pasa a ser insolvente. El acreedor necesita que haya vencido el plazo de cumplimiento de la obligación frente a él (JANĮ 4 str. 1 d. 2 p.) y que la obligación indicada en la notificación no sea controvertida (JANĮ 9 str. 2 d.). A los accionistas se les informa, pero su aprobación no es necesaria para la quiebra. Cuando el procedimiento se abre ante el tribunal, la insolvencia la constata el tribunal tras comprobar dos criterios: si la empresa cumple a tiempo sus obligaciones patrimoniales y si su pasivo (įsipareigojimai) no supera el valor de su activo (JANĮ 2 str. 7 d.).

Cuándo debe acudir el director general al tribunal y qué arriesga si no lo hace, qué documentos deben adjuntarse a la solicitud y qué ocurre cuando los bienes no bastan ni para los gastos de la quiebra lo respondimos brevemente en la sección de preguntas frecuentes sobre derecho societario. Sobre el deber del director general escribimos también en un artículo aparte. Aquí tratamos quién tiene derecho a iniciarlo, qué deben hacer los accionistas y cómo se prueba la insolvencia.

Quién puede iniciar el procedimiento de quiebra

El artículo 4, apartado 1, del Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (JANĮ 4 str. 1 d.) concede a dos personas el derecho a iniciar el procedimiento de insolvencia (nemokumo procesas).

  • El director general de la empresa, cuando exista probabilidad de insolvencia (JANĮ 4 str. 1 d. 1 p.). La probabilidad de insolvencia es la situación en la que es realmente probable que la empresa pase a ser insolvente en los tres meses siguientes (JANĮ 2 str. 7¹ d.). Si la persona jurídica no tiene un órgano de dirección unipersonal, este derecho lo tiene otra persona que, según sus competencias, pueda solicitar el procedimiento de insolvencia. Esto es relevante, por ejemplo, para las asociaciones dirigidas por un órgano colegiado (artículo 7, apartado 5, del Asociacijų įstatymas (Ley de Asociaciones)).
  • El acreedor cuyo plazo de cumplimiento de la obligación haya vencido (JANĮ 4 str. 1 d. 2 p.). La reestructuración (restruktūrizavimas) solo puede iniciarla el acreedor cuando sus créditos vencidos superen el importe de 10 salarios mínimos mensuales aprobados por el Gobierno (JANĮ 4 str. 2 d.). Para la quiebra, la ley no establece tal umbral.

Tiene el deber de iniciar el procedimiento el director general, si la empresa es insolvente, y el liquidador, si durante la liquidación resulta que la empresa es insolvente (JANĮ 5 str.). Cómo debe actuar el liquidador lo tratamos en el artículo Qué ocurre al liquidar una UAB: trabajadores, acreedores, auditoría y banco.

¿Se necesita la aprobación de los accionistas?

Esta pregunta surge en empresas cuyos estatutos dicen que las decisiones importantes las adopta la junta de participantes. Los estatutos pueden incluso prever que sobre la quiebra decida la junta de miembros, y convocarla con el quórum necesario puede ser en la práctica imposible.

El artículo 5 de la JANĮ (JANĮ 5 straipsnis) atribuye al director general el deber de iniciar el procedimiento y no lo vincula a la aprobación de los participantes. Por eso el director general no tiene que esperar a una junta que quizá ni llegue a celebrarse. El deber y la responsabilidad recaen en él personalmente. El director general debe reparar el daño causado por el incumplimiento o el cumplimiento indebido de los deberes que establece la JANĮ (JANĮ 13 str. 1 d.). El tribunal puede limitar de 1 a 5 años su derecho a ejercer como director general o a ser miembro de un órgano de dirección colegiado si no inició el procedimiento de insolvencia cuando estaba obligado a hacerlo (JANĮ 13 str. 2 d. 1 p.). A partir del 1 de enero de 2027 este supuesto se amplía: el derecho podrá limitarse también cuando el director general no haya presentado al tribunal la solicitud de apertura del procedimiento de insolvencia cuando estaba obligado a hacerlo (JANĮ 13 str. 2 d. 1 p., red. nuo 2027-01-01).

Los accionistas, no obstante, participan. Les corresponden los siguientes puntos.

  • Información. Cuando la empresa pasa a ser insolvente, el director general debe informar sin demora a los participantes de la insolvencia y proponerles resolver la cuestión del restablecimiento de la solvencia (JANĮ 6 str. 2 d. 1 p.). Cuando el tribunal admite a trámite la solicitud, el director general o el liquidador informa de ello a los participantes a más tardar el día hábil siguiente (JANĮ 18 str.). Puede informarse a los participantes mediante una carta sobre la situación y la solicitud prevista ante el tribunal, y conviene adjuntar una copia de ella a la solicitud.
  • Junta extraordinaria. En la akcinė bendrovė (AB, sociedad por acciones) y en la uždaroji akcinė bendrovė (UAB, sociedad por acciones de capital cerrado) (ABĮ 1 str. 1 d.) debe convocarse una junta general extraordinaria de accionistas si la sociedad pasa a ser insolvente o se sabe que lo será (artículo 24, apartado 2, punto 6, del Akcinių bendrovių įstatymas (Ley de Sociedades por Acciones, ABĮ), ABĮ 24 str. 2 d. 6 p.). La junta puede buscar formas de restablecer la solvencia, por ejemplo, financiar adicionalmente la empresa. En nuestra opinión, su decisión no suspende el deber del director general.
  • Reestructuración. Aquí la palabra de los accionistas es decisiva. Las decisiones sobre la reestructuración, en los casos establecidos por la JANĮ, las adopta la junta general de accionistas (ABĮ 20 str. 1 d. 26 p.). Cuando es la propia empresa la que solicita el procedimiento de reestructuración, a la solicitud se adjuntan el proyecto de plan de reestructuración y la decisión de la junta de participantes de aprobarlo (JANĮ 17 str. 3 d. 1 p.).

La liquidación no es una salida para una empresa insolvente. La junta general de accionistas no puede adoptar la decisión de liquidar una sociedad insolvente (ABĮ 73 str. 3 d.). Cómo se inicia la liquidación de una empresa solvente lo explicamos en el artículo Cómo iniciar la liquidación de una UAB: documentos, trabajadores y acreedores.

Cómo se inicia el procedimiento: la notificación antes del tribunal

Por lo general no se acude directamente al tribunal. Primero se envía una notificación.

Cuando lo inicia la empresa. El director general o el liquidador envía una notificación a los acreedores por carta certificada, por medio de agentes judiciales (antstoliai) o de proveedores de servicios de mensajería. También puede enviarse por medios de comunicación electrónica, siempre que se garantice la seguridad de la información, pueda identificarse a la persona y se reciba confirmación de la recepción de la notificación. Si la notificación no se envía por medios de comunicación electrónica, se considera entregada transcurridos 7 días desde su envío (JANĮ 8 str. 1 d.). En la notificación se indica la obligación incumplida y se advierte de que, a falta de un acuerdo de apoyo o de una decisión de tramitar la quiebra por vía extrajudicial, la empresa acudirá al tribunal (JANĮ 8 str. 2 d.). Se fija un plazo no inferior a 15 días ni superior a 30 días desde la entrega de la notificación al acreedor (JANĮ 8 str. 3 d.). La propuesta y el plazo pueden no aplicarse si un acuerdo de apoyo anterior no se cumple o se cumple indebidamente, si la quiebra la inicia el liquidador o si el agente judicial ha devuelto al acreedor los títulos ejecutivos porque la empresa no tiene bienes ni ingresos (JANĮ 8 str. 4 d.).

El director general debe iniciar sin demora el procedimiento de insolvencia (JANĮ 6 str. 2 d. 2 p.). A partir del 1 de enero de 2027 la ley lo dice expresamente: si en el plazo indicado en el artículo 8, apartado 3, de la JANĮ no se celebra un acuerdo de apoyo ni se adopta la decisión de tramitar la quiebra por vía extrajudicial, el director general debe presentar sin demora la solicitud al tribunal (JANĮ 6 str. 2 d. 2 p., red. nuo 2027-01-01). Si el acuerdo de apoyo celebrado no se cumple o se cumple indebidamente, el director general inicia el procedimiento a más tardar en el plazo de 5 días hábiles desde el día en que lo supo o debió saberlo (JANĮ 6 str. 2 d. 3 p.).

Cuando lo inicia el acreedor. El acreedor envía de la misma forma una notificación a la empresa en la dirección de su domicilio social (JANĮ 9 str. 1 d.). En la notificación se indica la obligación incumplida no controvertida y se advierte de que el acreedor acudirá al tribunal para solicitar el procedimiento de reestructuración o de quiebra (JANĮ 9 str. 2 d.). El plazo es el mismo: no inferior a 15 días ni superior a 30 días desde la entrega (JANĮ 9 str. 3 d.). Los requisitos sobre el contenido de la notificación y el plazo pueden no aplicarse si un acuerdo de apoyo celebrado anteriormente no se cumple o se cumple indebidamente o si el agente judicial ha devuelto al acreedor los títulos ejecutivos porque la empresa no tiene bienes ni ingresos (JANĮ 9 str. 4 d. 1 ir 2 p.). En ese caso, el derecho a acudir al tribunal nace con la entrega de la notificación (JANĮ 16 str. 1 d. 2 ir 4 p.).

¿Puede el acreedor iniciar la quiebra sin tener una sentencia judicial? El artículo 9 de la JANĮ (JANĮ 9 straipsnis) no exige una sentencia judicial. Exige que la obligación no sea controvertida. Por eso, cuando el deudor discute la deuda en cuanto al fondo, el acreedor tiene que obtener primero una sentencia que le reconozca la deuda, y solo entonces seguir la vía de la quiebra. Cuando la deuda no se discute, la notificación es una presión real: en el plazo indicado en ella conviene pagar o proponer un acuerdo.

Normalmente, el derecho a acudir al tribunal nace al vencer el plazo fijado en la notificación (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.). Este derecho no es eterno. Transcurridos 3 meses desde que nace, el procedimiento debe volver a iniciarse mediante notificación conforme a los artículos 8 y 9 de la JANĮ (JANĮ 16 str. 2 d.).

Cómo determina el tribunal la insolvencia

La insolvencia es la situación en la que la persona jurídica no puede cumplir a tiempo sus obligaciones patrimoniales o su pasivo supera el valor de su activo (JANĮ 2 str. 7 d.). Los criterios son independientes: basta uno. Puede ser insolvente una empresa con un balance positivo que lleva meses sin pagar a sus proveedores. Y también una empresa que paga a tiempo, pero cuyas deudas ya superan su activo.

El procedimiento de quiebra (bankroto byla) se abre si la persona jurídica es insolvente y no se abre contra ella un procedimiento de reestructuración (JANĮ 21 str. 2 d.). El tribunal dispone de herramientas para establecer los hechos. Puede ordenar a los acreedores, a los participantes, a los miembros de los órganos de dirección, a la persona que lleva la contabilidad financiera y a otros empleados responsables que presenten documentos adicionales, así como citarlos y exigirles explicaciones por escrito (JANĮ 20 str. 1 d.). Cuando la solicitud la presenta un acreedor, el director general debe presentar al tribunal, en el plazo de 5 días hábiles desde la recepción de la notificación de su admisión a trámite, las listas de acreedores y deudores de la empresa y la demás información indicada en el artículo 17, apartado 2, puntos 3 a 8, de la JANĮ (JANĮ 20 str. 2 d., JANĮ 17 str. 2 d.). A partir del 1 de enero de 2027 se incluye en esta información también la relativa a los residuos, el suelo contaminado, el terreno o la parcela minera de la empresa, si la empresa tiene residuos no gestionados (JANĮ 17 str. 2 d. 8 p., red. nuo 2027-01-01).

El tribunal se niega a abrir el procedimiento de quiebra si la empresa, antes de que se dicte el auto, satisface los créditos del acreedor que presentó la solicitud o si no es insolvente (JANĮ 22 str. 3 d. 1 ir 2 p.). También se niega cuando los bienes no bastan para los gastos de administración de la quiebra, salvo que el solicitante deposite la suma fijada por el tribunal o un administrador concursal (nemokumo administratorius) acepte asumir el riesgo de los gastos (JANĮ 22 str. 3 d. 4 p., JANĮ 23 str. 1 d.). Si en el plazo de 30 días desde la notificación del tribunal sobre esa posibilidad ningún administrador concursal presenta al tribunal su consentimiento-declaración, el tribunal se niega a abrir el procedimiento de quiebra y encomienda iniciar la liquidación de la empresa a iniciativa del gestor de datos del Juridinių asmenų registras (Registro de Personas Jurídicas) (JANĮ 23 str. 4 d.).

En la solicitud de la empresa, la insolvencia se prueba sin dificultad: se describen la situación y las deudas, y se presentan los documentos que acreditan las deudas y el balance. El balance muestra si el pasivo supera el activo. La lista de facturas, impuestos y salarios vencidos muestra si la empresa cumple a tiempo sus obligaciones.

Quién determina las causas de la insolvencia

Los acreedores pueden querer saber no solo si la empresa es insolvente, sino también por qué. A esta pregunta no responde la solicitud, sino el procedimiento de quiebra.

  • El administrador concursal, en el plazo de 6 meses desde la recepción de los documentos sobre los negocios, revisa los negocios de un período no inferior a 3 años anterior a la apertura del procedimiento de quiebra y, si es necesario, acude al tribunal: para que se declare la nulidad de negocios, mediante la actio Pauliana o para que la quiebra se declare dolosa (JANĮ 64 str. 1 d.). Los resultados de la revisión los presenta a la junta de acreedores (JANĮ 64 str. 4 d.).
  • A la primera junta de acreedores, el administrador presenta, entre otras cosas, el balance y la lista de bienes con datos a la fecha en que adquiere firmeza el auto de apertura del procedimiento de quiebra, información sobre las compras, ventas y bajas de activos fijos, y el número de negocios que deben revisarse de un período no inferior a 3 años (JANĮ 60 str. 3 d.).
  • El acreedor que quiera impugnar negocios o pedir que la quiebra se declare dolosa puede, mediante solicitud motivada y con autorización del tribunal, revisar él mismo los documentos de la empresa (JANĮ 65 str. 1 d.). Esa revisión no puede durar más de 3 meses (JANĮ 65 str. 2 d.).

El tribunal declara la quiebra dolosa (tyčinis bankrotas) si establece que la insolvencia se debió a una gestión deliberadamente mala y/o a negocios celebrados cuando se sabía o debía saberse que vulneraban los derechos y/o los intereses legítimos de los acreedores (JANĮ 70 str. 1 d.). Qué significa esto para los acreedores lo explicamos en el artículo sobre la quiebra dolosa.

Cuando el administrador pide ayuda para responder a las preguntas de los acreedores sobre las causas de la insolvencia, conviene conocer el límite. Son preguntas de hecho sobre la actividad de la empresa. Un abogado puede ayudar a formularlas con precisión y a relacionarlas con la ley, pero los hechos en sí deben aportarlos quienes dirigieron la empresa.

Quiebra extrajudicial

La quiebra también puede tramitarse sin tribunal si, en la fecha de adopción de la decisión, no hay procedimientos judiciales abiertos ni está en curso una resolución extrajudicial previa de litigios sobre créditos patrimoniales contra la empresa, incluidos los créditos derivados de relaciones laborales, no se ha dirigido la ejecución contra sus bienes y no se está realizando una investigación ni una inspección tributaria (JANĮ 11 str. 1 d.). Si no se cumplen estas condiciones, la vía extrajudicial solo es posible con el consentimiento del administrador tributario, del demandante y/o del ejecutante (JANĮ 11 str. 2 d.). A partir del 1 de enero de 2027 aparece una cuarta condición: que la empresa no tenga residuos no gestionados, suelo contaminado, terreno y/o parcela minera (JANĮ 11 str. 1 d. 4 p., red. nuo 2027-01-01). Esta condición no puede sortearse con el consentimiento de otras personas, porque desde esa fecha la excepción mencionada solo se aplica a las tres primeras (JANĮ 11 str. 2 d., red. nuo 2027-01-01).

La decisión se considera adoptada si la aprueban los acreedores cuyos créditos representen como mínimo 3/4 del importe total del pasivo de la empresa, incluido el aún no vencido (JANĮ 11 str. 3 d.). En ese caso, las cuestiones reservadas a la competencia del tribunal las resuelve la junta de acreedores, que también nombra al administrador concursal (JANĮ 12 str. 1 ir 2 d.). Tampoco aquí se necesita el consentimiento de los accionistas: deciden los acreedores.

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