Procedimiento de quiebra abierto: qué debe hacer el director general y qué pueden hacer aún los accionistas

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Cuando el auto judicial de apertura del procedimiento de quiebra adquiere firmeza, los órganos de dirección de la empresa pierden sus facultades, y sus derechos y obligaciones los ejerce el administrador concursal (nemokumo administratorius) (artículo 56, apartados 1 y 2, de la Juridinių asmenų nemokumo įstatymas, Ley de Insolvencia de Personas Jurídicas, JANĮ 56 str. 1 ir 2 d.). El antiguo director general (vadovas) y, en una empresa en liquidación, el liquidador deben entregar al administrador, en el plazo fijado por el tribunal, los bienes, los documentos y la información (JANĮ 57 str. 1 d.). Si no lo hacen, se exponen a una multa y a la indemnización del daño y, el director general, también a la restricción del derecho a ejercer el cargo de director general. Los accionistas ya no adoptan decisiones sobre los bienes de la empresa, pero sin su conformidad no puede celebrarse un convenio (taikos sutartis), y lo que queda tras satisfacer a los acreedores se les entrega a ellos.

Cómo el liquidador suspende los pagos e inicia la quiebra lo describimos en el artículo Liquidación o quiebra: qué hacer cuando los bienes de la empresa no bastan, y quién puede iniciar la quiebra, en el artículo ¿Requiere la quiebra el consentimiento de los accionistas y cómo se determina la insolvencia?. Aquí tratamos lo que ocurre una vez abierto el procedimiento.

Quién gestiona la empresa desde la apertura del procedimiento

Desde el día en que adquiere firmeza el auto de apertura del procedimiento de quiebra, los órganos de dirección de la empresa pierden sus facultades (JANĮ 56 str. 1 d.). Sus derechos y obligaciones durante el procedimiento de quiebra los ejerce el administrador concursal (JANĮ 56 str. 2 d.). Los negocios jurídicos celebrados en infracción de estas reglas son nulos de pleno derecho y no producen efectos (JANĮ 56 str. 3 d.). El administrador gestiona, utiliza y dispone de los bienes de la empresa en la forma establecida por la JANĮ (JANĮ 66 str. 1 d. 2 p.).

Si el procedimiento de quiebra se abre respecto de una sociedad que ya está en liquidación, esto se aplica también al liquidador. El liquidador tiene los derechos y obligaciones del órgano de dirección de la persona jurídica (artículo 2.110, apartado 2, del Civilinis kodeksas, Código Civil, CK 2.110 str. 2 d.), por lo que desde el día en que adquiere firmeza el auto de apertura del procedimiento de quiebra ya no actúa en nombre de la empresa. Si después la empresa se liquida por quiebra, las funciones del liquidador las desempeña el administrador concursal (JANĮ 84 str. 1 d.).

La junta general de accionistas no es un órgano de dirección: la ley los distingue como órganos separados de la persona jurídica (CK 2.82 str. 2 d.; en las sociedades por acciones, también ABĮ 19 str. 1 d.). Por eso el artículo 56 de la JANĮ (JANĮ 56 straipsnis) no suprime la junta de accionistas, pero su papel cambia (véase más abajo).

Qué deben entregar el antiguo director general o el liquidador

Los órganos de dirección que han perdido sus facultades deben entregar al administrador concursal nombrado, en el plazo fijado por el tribunal:

• los bienes que la empresa gestiona y utiliza, según los datos del día en que adquiere firmeza el auto de apertura del procedimiento de quiebra (JANĮ 57 str. 1 d. 1 p.);
• todos los documentos de la empresa, los registros de contabilidad financiera y demás información relacionada con su actividad (JANĮ 57 str. 1 d. 2 p.).

Los plazos de entrega los indica el tribunal en el propio auto de apertura del procedimiento de quiebra (JANĮ 26 str. 3 d. 2 p.), por lo que debe leerlo en cuanto lo reciba. El administrador, por su parte, debe organizar sin demora la recepción y la protección de los bienes y los documentos (JANĮ 59 str. 1 p.). Conviene formalizar la entrega con un acta de entrega y recepción con la lista de documentos y bienes: es su prueba de qué entregó y cuándo.

Las restricciones no afectan solo al director general. A las personas que arriendan, han tomado en préstamo, custodian o utilizan o poseen por otro título bienes de la empresa se les prohíbe, una vez abierto el procedimiento de quiebra, celebrar negocios jurídicos con terceros sobre esos bienes (JANĮ 58 str. 1 d.), y esos negocios jurídicos son nulos de pleno derecho (JANĮ 58 str. 2 d.).

Qué ocurre si los bienes o los documentos no se entregan

Multa. Si los bienes o la información no se entregan en el plazo fijado por el tribunal, el tribunal puede imponer una multa de hasta una MMA (minimali mėnesinė alga, salario mínimo mensual) por cada día de incumplimiento de la obligación (JANĮ 57 str. 3 d.).

Restricción del derecho a ejercer el cargo de director general. El tribunal puede restringir durante 1 a 5 años el derecho del director general a ejercer el cargo de director general o a ser miembro de un órgano de dirección colegiado si, una vez firme el auto de apertura del procedimiento de quiebra, no entregó al administrador los bienes, los documentos y (o) la información (JANĮ 13 str. 2 d. 3 p.). El tribunal lo decide de oficio o a petición motivada del administrador concursal, de la junta de acreedores o de un acreedor (JANĮ 13 str. 3 d.).

Indemnización del daño. El daño debe indemnizarlo íntegramente la persona responsable (CK 6.263 str. 2 d.). El Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Tribunal Supremo de Lituania) ha precisado que la responsabilidad civil del director general es extracontractual, que para aplicarla se requieren acto ilícito, daño, nexo causal y culpa, y que, una vez establecido el acto ilícito, la culpa del director general se presume (auto del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas de 29 de diciembre de 2022 en el asunto civil n.º e3K-3-300-823/2022, punto 33). En el mismo auto, el tribunal señaló que el propio hecho de no haber conservado los bienes y sus documentos contables, cuando el demandado no prueba que los bienes se transmitieron legalmente o que no existían, permite apreciar un acto ilícito (ibídem, punto 37). Sin embargo, la ley no presume el daño: su existencia y su cuantía debe acreditarlas con pruebas el demandante (ibídem, punto 34). Esa demanda la presenta en nombre de la empresa el administrador, porque es quien representa a la empresa ante los tribunales (JANĮ 66 str. 1 d. 10 p.). Los acreedores cuyos créditos ha reconocido el tribunal tienen derecho a exigir la indemnización del daño sufrido por culpa de los órganos de dirección (JANĮ 43 str. 5 p.).

El director general también debe indemnizar el daño derivado del incumplimiento de otras obligaciones establecidas por la JANĮ (JANĮ 13 str. 1 d.), por ejemplo por no haber iniciado a tiempo el procedimiento de insolvencia. Este fundamento lo tratamos en el artículo ¿Responden los accionistas y el director general de las deudas cuando la empresa se ha dado de baja en el registro?.

A partir del 1 de enero de 2027, la junta de acreedores decidirá si aprueba las condiciones del acuerdo entre el administrador concursal y el antiguo director general y (o) los participantes sobre la reducción o la renuncia de un crédito de la empresa en quiebra (JANĮ 44 str. 11 p., red. nuo 2027-01-01). Esto se aplica a los acuerdos que se celebren a partir de esa fecha.

Qué pueden hacer aún los accionistas

La junta la convoca el administrador. El administrador convoca las juntas de participantes cuando son necesarias sus decisiones (JANĮ 66 str. 1 d. 5 p.). En la junta de acreedores votan solo los acreedores cuyos créditos ha reconocido el tribunal (JANĮ 45 str. 1 d.), por lo que el accionista vota allí solo cuando él mismo es uno de esos acreedores.

Convenio. La propuesta de celebrar un convenio o de reestructurar la empresa también pueden presentarla a la junta de acreedores los participantes de la empresa: en la forma establecida por la ley que regula su forma jurídica y, si esa ley no establece esa forma, en la forma establecida en los documentos constitutivos, por mayoría de 2/3 de los votos de los participantes presentes en la junta (JANĮ 79 str. 1 d. 3 p.). A la propuesta se adjunta el proyecto de convenio o de plan de reestructuración (JANĮ 79 str. 4 d.). El convenio se considera celebrado cuando lo firman todos los acreedores y el administrador, una vez obtenida la conformidad de los participantes (JANĮ 80 str. 3 d.). Los participantes aprueban el convenio en la forma establecida por la ley que regula su forma jurídica y, si esa ley no establece esa forma, por mayoría de 2/3 de los votos de los participantes presentes en la junta (JANĮ 80 str. 4 d.). El convenio entra en vigor cuando adquiere firmeza el auto judicial de conclusión del procedimiento de quiebra (JANĮ 80 str. 6 d.).

Reestructuración. Para que se concluya el procedimiento de quiebra y se abra un procedimiento de reestructuración, el proyecto de plan de reestructuración debe ser aprobado por la junta de participantes y por los acreedores (JANĮ 81 str. 3 d.).

Pagar a todos los acreedores. El procedimiento también se concluye cuando la empresa paga a todos los acreedores (JANĮ 78 str. 1 d. 2 p.).

El tiempo es limitado. El tribunal dicta el auto de liquidación de la empresa por quiebra una vez transcurridos 3 meses desde que adquiere firmeza el auto de reconocimiento de los créditos de los acreedores, si en ese tiempo el administrador no ha solicitado la reestructuración o el convenio (JANĮ 83 str. 1 d.). El tribunal puede prorrogar este plazo una sola vez por un máximo de 3 meses si lo solicita de forma motivada el administrador o la junta de acreedores (JANĮ 83 str. 2 d.). A petición motivada de la junta de acreedores, el tribunal puede dictar el auto de liquidación de la empresa por quiebra incluso antes de que transcurran 3 meses (JANĮ 83 str. 3 d.). El procedimiento de reestructuración solo puede abrirse, y el procedimiento de quiebra concluirse, hasta que adquiera firmeza el auto de liquidación de la empresa por quiebra (JANĮ 78 str. 3 d.).

Estados financieros anuales. Cuando la sociedad se liquida por quiebra por decisión del tribunal o de la junta de acreedores (CK 2.106 str. 2 p.), es decir, desde que adquiere firmeza el auto de liquidación de la empresa por quiebra (JANĮ 83 str. 5 d.), la junta general de accionistas no aprueba el conjunto de estados financieros anuales (artículo 20, apartado 1, punto 11, de la Akcinių bendrovių įstatymas, Ley de Sociedades por Acciones, ABĮ 20 str. 1 d. 11 p.).

Qué otras decisiones puede adoptar todavía la junta general de accionistas durante la quiebra no lo enumera por separado la JANĮ, y no hemos encontrado jurisprudencia sobre esta cuestión, por lo que conviene acordar de antemano cada una de esas decisiones con el administrador concursal.

Qué queda para los accionistas al final

Los bienes que quedan tras satisfacer los créditos de los acreedores y pagar los gastos del procedimiento de quiebra, el administrador los entrega a los participantes conforme a la ley que regula la forma jurídica de la empresa (JANĮ 93 str. 3 d.). La resolución sobre la extinción de la empresa la adopta el tribunal (JANĮ 100 str. 1 d.), y el gestor de datos del Registro de Personas Jurídicas, con base en ella, da de baja a la empresa (JANĮ 101 str. 1 d.).

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Cómo empezar

Envíenos el auto de apertura del procedimiento de quiebra, los escritos del administrador concursal y la lista de documentos y bienes que ya ha entregado o tiene previsto entregar. Valoraremos si la entrega se ajusta al auto y prepararemos el acta de entrega, la respuesta al administrador o la propuesta de los accionistas a los acreedores.

Tel. +370 5 212 1506, correo electrónico: info@linden.lt

Más información sobre este servicio: Liquidación de empresas.